Comunicado de CONACAMI, en relación al informe presentado sobre los hechos sucedidos enBagua

1.   Las razones que exponen el Presidente de laComisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua, el líderindígena Jesús Manacés, y la integrante de esta comisión, la religiosa CarmenGómez, para mostrar su desacuerdo con el informe presentado hoy al presidentedel Consejo de Ministros, reafirman lo manifestado por los pueblos indígenas ylas diferentes organizaciones sociales respecto a la  parcialidad oficialista del Informe Final dela CEI.

2.   Asimismo, estas denuncias coinciden con lasdeclaraciones del nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), JoséÑique de la Puente, respecto a que “lospueblos amazónicos han sido las víctimas y han tenido la razón de su lado aloponerse a los decretos legislativos dados por el gobierno, contrarios alConvenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la ConstituciónPolítica”.

3.   De las 43 razones para rechazar el informe, variasde estas insisten en que el mismo no recoge los testimonios de los indígenasrespecto a su versión de lo sucedido; por el contrario, se restan lasdeclaraciones y se valida, sin ningún tipo de correlato con los hechoslevantados, las declaraciones de los miembros y los voceros del gobierno.

4.   Por otro lado, recordamos a la opiniónpública que, a pesar que desde diciembre de 2008 una comisión multipartidaria,coincidiendo con la Defensoría del Pueblo, recomendó la derogatoria de losdecretos legislativos por ser  inconstitucionales, esta fue postergadasistemáticamente por el Poder Ejecutivo.

La recomendacióncoincidió con la invocación del relator de las Naciones Unidas sobre losPueblos indígenas, El comité de la ONU contra todas las formas dediscriminación racial (CERD), La asamblea general de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT), la Federación Internacional de los DerechosHumanos (FIDH), entre otros, para que el Gobierno deponga la fuerza y larepresión.

5.   Por ello, repudiamos las acusaciones sobre laresponsabilidad de los hechos a los pueblos indígenas y a las organanizacionessociales, las ONGs, las iglesias y partidos políticos. Aquí la únicaresponsabilidad, directa, indirecta y política, es la del Gobierno, que desdela intransigencia del ejecutivo, y la palabra empañada de la presidencia delCongreso, se negó a derogar los decretos y, por el contrario, dirigió la violencia y la represión.

6.   Denunciamos que este informe tambiénmanifiesta la institucionalidad colonial contraria a los múltiples desarrollos eidentidades de nuestros pueblos. Este sesgo histórico, lo único que enfatiza esla imposición del modelo neoliberal, la entronización de la impunidadautoritaria aprofujimorista delgobierno, la profundización de la maquinaria criminalizadora hacia losdefensores de la vida y las garantías totalitarias hacia  las actividades de las empresastransnacionales sobre nuestros territorios andinos y amazónicos, saltándose losderechos que nos amparan.

7.   Respaldamos y nos solidarizamos con nuestroshermanos de AIDESEP y las comunidades de la Amazonía, y desconocemos el informemaniqueo de la “Comisión Bagua”. Asimismo, denunciamos al Gobierno por alentarla división en el país y reiteramos nuestra convicción  de que se realicen investigacionesimparciales con presencia de veedores internacionales en aras de obtener unaversión amplia y objetividad, porque, tal como viene conduciendo los destinosdel país con partidarismos y clientelismos, este gobierno no garantiza ningunaseriedad mucho menos veracidad.

8.    Exigimosque este nuevo informe contribuya a acabar con la visión colonial que se tienedesde el Estado hacia los pueblos originarios; a reconocer la plurinacionalidadexistente en el país; cambiar el actual modelo neoliberal  por uno basado en el derecho mayor (laNaturaleza), el Buen Vivir, el Estado Plurinacional y avanzar en la constitucionalizaciónde nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas.

Confederación Nacionalde Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)